Yacyretá es un ejemplo del grosero derroche y repartija de privilegios

Caben muy pocas dudas de que el Paraguay es un país tremendamente desigual; no solamente en cuanto a la concentración de la riqueza y el acceso a seguridad, salud y educación, sino también a los terribles efectos de la corruptela imperante que determina el uso de los recursos públicos.

Exactamente como revela la investigación que viene publicando ÚH sobre las millonarias bonificaciones que reciben funcionarios de la Binacional Yacyretá.

En el mes de marzo, aparte de los millonarios salarios, los incentivos alcanzaron el monto de G. 4.305 millones, que equivale a más de USD 684.000.

Las bonificaciones son compensaciones que se otorgan a los trabajadores en concepto de antigüedad, título universitario, zonificación, desarraigo, ayuda escolar y horas extras. Como ejemplo, en el caso del director de Yacyretá, Luis Benítez, alcanzó el monto de G. 54.303.995, que sumado a su sueldo básico de G. 71.857.990, más G. 10.807.500 de viáticos cobrados, se convierte en una retribución total de G. 136.969.485 mensual. Ese monto es mayor al que percibe el propio presidente de la República, cuyo ingreso mensual más gasto de representación llega a G. 37.908.800.

El caso es muy similar al que se produce en otras instituciones como, por ejemplo, el Instituto de Previsión Social (IPS), y otras hidroeléctricas y, claramente, desafía la proclamada economía de guerra anunciada por el anterior ministro de Economía.

En la escala de quienes perciben los mayores salarios detrás del director paraguayo de Yacyretá, se encuentran los miembros del Consejo de Administración quienes cobran millonarios salarios y bonificaciones: Cada consejero cobra G. 49.903.240 en concepto de bonificación, que se suma a su sueldo básico de G. 63.056.480, con lo que en total ganan mensualmente G. 112.959.720, lo que equivale a casi tres veces de lo que gana el presidente de la República.

Llama la atención, pero no sorprende; sin embargo, que en la lista de los consejeros privilegiados encontremos a miembros de la Junta de Gobierno de la ANR, ex intendentes colorados, y personas asociadas, todas al Partido Colorado. Esto implica un trato desigual para miles de profesionales paraguayos que legítimamente podrían aspirar a trabajar en una binacional, sin mencionar que excluye también a paraguayos adscritos a otros partidos políticos. El acceso a la función pública está casi vedado –como en los viejos tiempos de la dictadura de Stroessner– a quien no porte el carne de afiliación a la ANR o incluso con carnet deba ubicarse en sector oficialista para aspirar a un puesto. Además de todo, se debe mencionar la visión clientelar del Estado impuesto por décadas por el Partido Colorado, donde se intercambian favores, apoyos y votos, y donde los recursos públicos se distribuyen de manera inmoralmente selectiva.

Las binacionales deben dejar de ser un botín político porque estas pertenecen al Estado paraguayo, no son propiedad de ningún partido político.

Repartir salarios millonarios en bonificaciones entre los correligionarios muestra la profunda falta de ética de nuestra clase política, revela los valores que sostienen autoridades y funcionarios y pone en evidencia que aquellos siempre anteponen sus propios intereses por encima del bienestar del pueblo.

La clase política, las autoridades electas y los funcionarios deben dejar de pedir sacrificios al pueblo o proponer economía de guerra. Los trabajadores, los ciudadanos que sostienen al Estado con sus impuestos merecen respeto y el primer paso es eliminar los obscenos privilegios.