¿A quién creer?

Estos fenómenos no son hechos aislados: Un ejemplo claro fue el uso de mensajes masivos vía WhatsApp en Brasil durante procesos electorales recientes, que saturaron el debate público con datos falsos. Asimismo, en Argentina, se cuestionó frecuentemente la existencia de “granjas de troles” financiadas para instalar tendencias artificiales en redes sociales y atacar la reputación de figuras públicas.

El caso del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) pone de relieve una de las formas más peligrosas de desinformación: El uso de fondos públicos para el hostigamiento digital. Según las acusaciones, la institución habría desviado recursos destinados al desarrollo tecnológico para financiar ataques digitales y campañas de desprestigio contra periodistas y políticos críticos al Gobierno.

Este modelo de “plata o plomo” digital no busca informar, sino silenciar mediante la saturación de mensajes negativos y la creación de narrativas falsas que desacreditan a voces disidentes. Cuando el Estado, que debería ser el garante de la transparencia, utiliza sus arcas para alimentar granjas de troles, la democracia se debilita, ya no es posible discernir entre la gestión institucional y la propaganda de persecución.

Paralelamente, el caso Honduras-gate revela que la desinformación no conoce fronteras. La filtración de audios que involucran a figuras de la derecha regional –como Donald Trump, Javier Milei y líderes hondureños– sugiere la existencia de una red internacional dedicada a la desestabilización de gobiernos progresistas en la región. El modus operandi descrito incluye la creación de medios de comunicación diseñados específicamente para difundir noticias falsas sobre mandatarios como Gustavo Petro o Claudia Sheinbaum. Estas publicaciones se utilizan como un arma de guerra que erosiona la legitimidad de un Gobierno mediante la fabricación sistemática de crisis mediáticas y la coordinación transnacional de ataques informativos.

La relación entre estos casos es evidente: Vemos el nacimiento de una nueva forma de autoritarismo digital. Ya sea desde una estructura ministerial en Asunción o desde una red de conspiración internacional en Centroamérica, el objetivo es el mismo: El control del relato público a través del engaño.

Cabe preguntarnos, entonces, ¿qué pasa con la libertad de expresión en tiempos del dominio del algoritmo? Cuando las redes sociales se vuelven una nueva plataforma de información y un nuevo territorio para la militancia política, ¿cómo podemos saber si esas tendencias que vemos responden al deseo de personas reales o a una granja de bots en el extranjero?

La democracia contemporánea enfrenta el desafío de proteger la esfera pública de estos ataques que son operaciones tácticas diseñadas para anular el pluralismo y manipular la voluntad popular mediante el miedo y la mentira.