Contraloría remite 18 reportes del IPS con indicios de hechos punibles al Ministerio Público

El contralor general de la República, Camilo Benítez, informó este viernes sobre los resultados durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre el IPS y el Ministerio de Salud Pública. Señaló que se trata de una de las auditorías más amplias realizadas a la institución, debido a que incluyó controles financieros, de cumplimiento y otras actividades de fiscalización.

Benítez aclaró que los reportes remitidos no constituyen una determinación de hechos punibles, sino que contienen indicios identificados por los equipos auditores que deben ser evaluados por el Ministerio Público. Agregó que no todos los informes tienen actualmente un agente fiscal asignado.

Entre los hallazgos mencionó una diferencia de G. 623.000 millones entre los registros del Sistema de Información Hospitalaria y el sistema informático del IPS, relacionado con los medicamentos, y cuestionó la falta de correspondencia entre ambos registros.

El contralor sostuvo que la institución necesita invertir en tecnología para establecer la trazabilidad de los medicamentos, desde el proceso de compra hasta su entrega al asegurado. También señaló que, durante la auditoría, se identificaron gastos de aproximadamente USD 40 millones en sistemas informáticos que no funcionan o no están actualizados.

La diferencia entre los registros obligó al IPS a realizar una rectificación en su balance, según explicó.

Otro de los puntos señalados por Pérez corresponde al uso del rubro 915, destinado al pago de órdenes judiciales. Explicó que esta partida contempla situaciones en las que un asegurado recurre a la Justicia para obtener medicamentos, tratamientos u otras prestaciones que el sistema de salud debe proveer por orden de un juez.

Sin embargo, la Contraloría identificó un mecanismo mediante el cual, a través de la Asesoría Jurídica del IPS, se suscribían acuerdos privados con empresas proveedoras sobre contratos vencidos. Posteriormente, esos acuerdos eran homologados judicialmente y utilizados como fundamento para efectuar los pagos con cargo al rubro de gastos judiciales.

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“Lo que hicieron es hacer un contrato directo con la empresa, homologaron judicialmente esa homologación y a esto ya lo consideraban como una orden judicial”, explicó.

Según el contralor, mediante este procedimiento se pagaron alrededor de USD 25 millones, aunque no precisó el lapso de tiempo en que se dieron los pagos. Cuestionó que se utilizaran acuerdos privados para realizar pagos por contratos fenecidos, sin procesos de concurso, competencia ni mecanismos que garantizaran la transparencia y la obtención de mejores precios.

A su criterio, este mecanismo permitió eludir los procedimientos habituales de contratación pública. También advirtió que la falta de debida diligencia en las compras puede encubrir conductas irregulares.

Benítez también manifestó preocupación por la situación financiera de la previsional. Indicó que los ingresos provenientes de los aportes obrero-patronales ya no alcanzan para cubrir el pago de las jubilaciones, por lo que actualmente se utilizan los intereses generados por las reservas.

Aclaró que la utilización de esos rendimientos está contemplada dentro del funcionamiento del fondo, pero consideró necesario que el IPS realice una proyección financiera para determinar hasta cuándo podrá sostenerse ese esquema. “El IPS debería hacer una evaluación financiera acerca de cuándo va a llegar ese momento”, afirmó.

Además, señaló deficiencias en la gestión de cobro de los aportes y sostuvo que la institución perdió cientos de millones de dólares a lo largo de los años por no iniciar oportunamente acciones para recuperar las deudas de los empleadores.

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Explicó que algunas obligaciones prescribieron por la falta de reclamos dentro de los plazos correspondientes, lo que impide actualmente exigir su pago. También mencionó la existencia de una deuda del Estado con el IPS y consideró que el Congreso debería evaluar mecanismos legislativos para conciliar esos compromisos.

Durante su exposición, el titular de la Contraloría también se refirió al portafolio de inversiones del IPS. Indicó que la institución debe respetar los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez, además del principio de diversificación.

La observación se produce en medio de las informaciones difundidas sobre posibles operaciones con recursos de la previsional. Benítez sostuvo que las decisiones de inversión deben ajustarse a esos criterios.

Finalmente, señaló que la Contraloría ya concluyó las auditorías y remitió los 18 reportes al Ministerio Público. Recordó que el organismo de control no tiene atribuciones para sancionar directamente a los responsables, por lo que sus informes y recomendaciones deben ser considerados por las instituciones competentes.

Advirtió que, si las recomendaciones no son atendidas, la Contraloría podrá volver a auditar al IPS bajo la administración de sus próximas autoridades.