Crisis financiera: Vacíos éticos y cadena de irresponsabilidad política

La primera línea de responsabilidad política recae, sin duda, en el Poder Ejecutivo y las autoridades regulatorias que tenían el mandato constitucional y legal de velar por la estabilidad del sistema y la protección de los recursos públicos y privados. Los ministerios y viceministerios vinculados al área económica, junto con las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), la Superintendencia de Bancos y los organismos contralores, no pueden eludir su cuota de culpa.

La prevención, las alertas oportunas y la supervisión rigurosa son obligaciones inherentes a la función pública. La falta de firmeza en la aplicación de medidas correctivas tempranas constituye una omisión grave de la debida diligencia.

Las autoridades que actuaron cuando el daño estaba consumado deben ser penalizados porque no solo fallaron en el monitoreo, sino que traicionaron el principio de tutela sobre los bienes públicos y la certidumbre económica de la ciudadanía.

La vulnerabilidad del sistema financiero paraguayo no es independiente del marco normativo. La responsabilidad política de los parlamentarios es central en este esquema. El Poder Legislativo bloqueó sistemáticamente proyectos normativos indispensables para transparentar la relación entre el poder político y los intereses económicos privados.

La ausencia deliberada de una legislación estricta que prohíba la “puerta giratoria” permitió que la alta gerencia pública y privada transiten sin restricciones entre la función pública y la dirección de empresas privadas. Esta permeabilidad alimenta el conflicto de intereses, el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada a favor de grupos corporativos.

Aún más grave es la permisividad y flexibilización legislativa que abrió puertas al uso discrecional o de alto riesgo de los fondos públicos y jubilatorios. En lugar de blindar el ahorro de los trabajadores contra la especulación, diversas iniciativas parlamentarias promovieron esquemas de colocación de recursos previsionales con escasos contrapesos y baja transparencia, exponiendo el patrimonio intergeneracional a los vaivenes de intermediarios débiles o cuestionados.

Para que una crisis no se repita, el costo de la falla institucional no puede ser transferida a ciudadanía que deberán pagarlo con sus impuestos o con peores servicios públicos. Las consecuencias jurídicas recaer en los funcionarios públicos y autoridades.

En primer lugar, la responsabilidad política exige la inmediata salida y la dimisión de todos los funcionarios que no actuaron con la debida diligencia así como su inhabilitación de por vida para aquellos que antepusieron el interés particular al bien común.

En segundo lugar, la impunidad no puede ser una opción. Las autoridades que hayan incurrido en delitos, complicidad por omisión o encubrimiento de irregularidades deben enfrentar procesos penales. La persecución de la justicia debe extenderse al plano patrimonial. Quienes causaron o permitieron un perjuicio al erario o al ahorro de las familias, empresas y cooperativas deben responder con su patrimonio personal.

La crisis financiera paraguaya pone de manifiesto la urgencia de desmantelar la cultura de la irresponsabilidad política. La reconstrucción de la confianza en el sistema financiero y en las instituciones del Estado requiere sentar un precedente histórico.

La estabilidad macroeconómica carece de legitimidad si está construida sobre la complicidad de las élites. Solo mediante la aplicación inflexible de la ley, la sanción penal y patrimonial a los responsables directos e indirectos, y la inmediata prohibición del conflicto de intereses y la puerta giratoria, Paraguay podrá aspirar a consolidar una gobernanza económica ética, transparente y genuinamente al servicio de la sociedad.