El juicio político en Paraguay: De mecanismo excepcional a herramienta clave de crisis y destituciones
Foto: Diario UltimaHora
La figura del juicio político fue establecida en la organización jurídica institucional paraguaya con la Constitución de 1870. En su artículo 56 se establecía que el Senado juzgaría en juicio publico a los acusados por la Cámara de Diputados y que cuando el acusado sea el Presidente de la República, el Senado sería presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia. La primera vez que dicha institución se puso en funcionamiento fue cuando en 1889 se sometió a juicio político a los miembros del Tribunal Superior de Justicia que eran Alejandro Audibert, Domingo A. Ortíz y Luis Burone.
En 1931 tras la masacre de estudiantes en los jardines del Palacio de Gobierno el 23 de octubre, fue la primera vez que un Primer Magistrado fue sometido al juicio político. José Patricio Guggiari fue sometido a juicio político, con una particularidad, la oposición colorada se había retirado tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. En este caso particular fue el propio presidente Guggiari quien solicito ser sometido al juicio político. Desde el 25 de octubre mientras se celebró el juicio político el gobierno quedó a cargo del vicepresidente Emiliano González Navero. El veredicto del Senado se dio a conocer el 28 de enero de 1932, siendo absuelto de responsabilidad en los hechos.
Por la influencia de las ideologías predominantes en el mundo, la Carta Política de 1940 suprimió la figura del Juicio Político, de hecho se estableció un congreso unicameral conformado por la Cámara de Representantes. Cuando en 1967 se promulgó la Constitución, la misma reestablecía el congreso bicameral pero sin la atribución del Juicio Político. Fue en 1992 en los albores del proceso de transición a la democracia que se reestableció dicho procedimiento, determinando que el Senado requería de 30 votos para proceder a la destitución de los funcionarios sometidos a juicio.
La primera vez que se planteó en la transición un juicio político contra un Presidente de la República, fue en noviembre de 1994 contra el Ingeniero Juan Carlos Wasmosy, la iniciativa no tuvo los votos necesarios para lograr la acusación de la Cámara de Diputados.
Luego del magnicidio contra el vicepresidente de la República del Paraguay, Dr. Luis María Argaña el 23 de marzo de 1999, se aceleró el juicio político contra el Presidente Raúl Cubas Grau, propuesta sobre la cual venían trabajando el sector argañista del partido Colorado junto con los líderes de la oposición. Luego de los sucesos trágicos del Marzo paraguayo, la matanza de jóvenes en la Plaza por parte de francotiradores protegidos por la Policía, el 28 de marzo de 1999, Cubas Grau presenta renuncia al cargo, al día siguiente el Senado votaría el veredicto en el juicio político.
La camioneta en que viajaba el vicepresidente Argaña cuando sufrió el atentado.
El presidente del Senado Luis Ángel González Machi asumió la Presidencia de la República, siendo confirmado para concluir el mandato en una polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia. En el marco de graves denuncias, crisis económica y de una álgida campaña electoral se le sometió a Juicio Político en diciembre de 2002, siendo absuelto el 11 de febrero de 2003, al no reunir el Senado los 30 votos requeridos para su destitución. En 2003 bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se sometió a Juicio Político a los Miembros de la Corte Suprema de Justicia.
En 2012, luego de la Masacre en Marina Cue acaecida el 15 de junio, en el distrito de Curuguaty se sometió a Juicio Político al Presidente Fernando Lugo Méndez, quien fue destituido el 22 de junio con 39 votos a favor y solo 4 en contra. En 2026, debido a la crisis bancaria de un banco privado ligado al presidente, Santiago Peña Palacios fue sometido a Juicio político con la acusación aprobada por 79 de los 80 diputados y destituido por el voto de 44 de los 45 Senadores, el pasado 6 de noviembre.
El Juicio Político durante los años que estuvo vigente en el Paraguay y por sobre todo en las últimas décadas fue utilizado en casos extremos como ser violencia política, crisis económicas y mal desempeño de las funciones. En la historia política paraguaya la mayoría de los jefes de estado no concluyeron sus mandatos, pero desde 1989 en adelante son 6 los que concluyeron su mandato y solo 3 quienes no lo hicieron.
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