Fiscalía depura nómina de títulos en función pública ante errores de carga

Depuración de datos y verificación

El fiscal Francisco Cabrera, encargado del caso sobre los 1.090 títulos presuntamente irregulares detectados en la función pública, informó que se inició una depuración de la nómina inicial ante la existencia de errores en la carga de información. Precisó que el proceso durará aproximadamente una semana para posteriormente proceder a investigar caso por caso.

Cabrera explicó que conforme transcurrieron los días, ciudadanos se presentaron ante las unidades fiscales presentando su documentación correspondiente, permitiendo verificar la información. Tras una reunión con funcionarios encargados de redactar los informes de la Contraloría, se confirmó que otras instituciones también realizaban verificaciones de los informes enviados inicialmente y actualmente se encuentran en proceso de depuración.

Resultados esperados

El fiscal indicó que al finalizar este proceso se tendría un número definitivo con las irregularidades confirmadas. Señaló además que existe un porcentaje de instituciones públicas que aún no han respondido al pedido de la Fiscalía. Cada caso será estudiado individualmente según la información preliminar recibida.

Cabrera destacó que según los reportes iniciales, las irregularidades detectadas corresponden a casos donde las universidades informaron que la carrera no existía o que la persona no cursó en esa institución, lo que genera la hipótesis inicial de falsificación de títulos.

Errores administrativos identificados

El agente fiscal puntualizó que existen casos donde se identificaron errores en las informaciones remitidas por instituciones públicas, específicamente en la carga de datos en los registros institucionales, aspectos que serán depurados durante el proceso.

Distribución de casos

La causa judicial se originó tras una denuncia presentada por la Contraloría que especificó que los 1.090 títulos corresponden a 1.083 funcionarios públicos, siendo el 93 % de los casos relacionados con carreras de educación.

De la lista oficial inicial, se identificó que casi el 90 % de las instituciones públicas involucradas correspondían al Ministerio de Educación y Ciencias, distribuidos principalmente en algunas municipalidades. Aproximadamente 35 instituciones académicas están involucradas en estos casos. Se efectuó una distribución en la lista inicial para realizar los trámites correspondientes tanto a instituciones públicas como educativas.