Funcionarias rechazan acuerdo de mediación en caso Zenaida Delgado

Rechazo a acuerdo de mediación

Las tres funcionarias denunciantes decidieron no firmar un pacto de no agresión con la senadora Zenaida Delgado que había sido impulsado por el abogado Óscar Tuma. Según lo relatado, el documento contemplaba la entrega de los dispositivos móviles de las afectadas para borrar conversaciones de mensajería instantánea.

Lidia González, una de las funcionarias, explicó los términos del acuerdo rechazado: «Primero ellos quisieron que nosotros entreguemos el celular para que se puedan borrar todas las conversaciones de WhatsApp. Y que ella iba a mandar su técnico para que se puedan borrar todos los mensajes».

Las funcionarias expresaron su negativa de manera categórica. González comunicó a radio Monumental 1080 AM el último jueves: «No, por ningún motivo vamos a firmar».

Preocupaciones sobre la evidencia

Las afectadas manifestaron temor a perder la documentación que consideran fundamental para sustentar sus denuncias. El acuerdo contemplaba además cláusulas que impedirían presentar querella contra la senadora y prohibirían comentarios públicos sobre el caso.

Según González, la firma del documento representaría un «blanqueo» de la legisladora en un momento crítico de su proceso, cuando enfrenta posibilidad de expulsión del Congreso. Las denuncias se sustentan en filtración de mensajes y audios que explicarían un esquema de cobro de peaje salarial.

Opción de colaboración judicial

Las funcionarias expresaron su disposición a colaborar directamente con la investigación del Ministerio Público. González manifestó: «Yo lo que estoy exigiendo es justicia y no puedo pisar otra vez mi palabra si estoy exigiendo justicia».

La funcionaria señaló que está preparada para entregar su teléfono celular como elemento de prueba ante la Fiscalía y para someterse a todas las diligencias que correspondan. «Mejor ponerse a disposición de la Fiscalía y que la Fiscalía saque sus propias conclusiones», expresó.

González aclaró que las otras dos afectadas comparten la misma postura de rechazo al acuerdo y que no tiene preocupaciones sobre sus propias declaraciones ante la justicia. «Yo me voy a someter a la Justicia, acá no hay nada que ocultar, acá no hay nada que temer», sostuvo.

Próximas diligencias

González debía comparecer ante el Ministerio Público en una diligencia que no se realizó debido a que su representante legal presentó justificación de ausencia por coincidencia con un juicio oral. La nueva convocatoria fue fijada para el 3 de noviembre.

La funcionaria también proporcionó detalles sobre los movimientos financieros que forman parte de la investigación, incluyendo transferencias a múltiples cuentas y descuentos aplicados a las bonificaciones desde el 2023 hasta julio de 2026.