Juez ordenó otro allanamiento a empresa vinculada a ueno y Fiscalía se demoró cinco días
Foto: Diario UltimaHora
A pedido de los fiscales Yeimy Adle, Jorge Arce, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera, Elena Fiore, Silvia González, Marlene González y Ruth Benítez, el magistrado de Delitos Económicos del Segundo Turno libró el mandamiento de allanamiento y secuestro de objetos el 5 de noviembre.
Para ello, Rodrigo Estigarribia el 5 de noviembre pasado, dos días después de la disposición del Banco Central del Paraguay (BCP) de la resolución de ueno bank SA y día en que renunció el entonces presidente Santiago Peña tras el pedido de juicio político.
Sin embargo, el allanamiento se realizó cinco días después de haberse librado la orden judicial por lo menos en ueno Casa de Bolsa, donde fue detenida Andrea Benítez, la jefa de Operaciones de la firma, quien fue filmada al destruir papeles vinculados con el ex presidente Santiago Peña.
Según la diputada Rocío Vallejo, fue el fiscal General Emiliano Rolón Fernández, quien autorizó los procedimientos días después. A su vez, ella fue más allá al señalar que era causal de juicio político.
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La orden judicial era para allanar, bajo escrito control, dirección y responsabilidad de los citados agentes fiscales para la sede de ueno Casa de Bolsa SA, ubicada en la Torre 1, del edificio Torres del Paseo, piso 1, de nuestra capital.
Además, la orden autorizaba el secuestro de objetos que, por su contenido, titularidad, fecha, metados o ubicación, guarden relación verificable con los hechos investigados en contra de los directivos de ueno bank y los demás coprocesados.
El segundo mandamiento. El 5 de noviembre pasado, el juez Rodrigo Estigarribia también dispuso el allanamiento de ueno Casa de Bolsa, lo que se realizó recién el 10 de noviembre.
Entre ellos están documentación societaria y vinculación, que serían libros, actas, resoluciones, registros, acuerdos, poderes, instrucciones, comunicaciones y constancias de accionistas, beneficiarios finales, representantes, administradores, entre otros.
Todos ellos relacionados con las empresas ueno bank SA, Mowi SA, Grupo Hendy SA, Grupo M SA, Vinanzas SA, itti SAE, Redisa SA, Redipro SA, Satec, HD Invest, Sagas, Technoma, La Tropa Fletes, Factopar, Kasas, Grupo Vázquez y Model, en cuanto se refieran a esas operaciones.
Asimismo, podían incautar expedientes y respaldos de créditos y sobregiros, incluidos los vinculados con la cesión de cartera del 15 de junio de 2026; documentos contables, bancarios y financieros señalados en la denuncia del BCP; documentación sobre bienes a más de comunicaciones y soportes de trabajo.
También permitía el secuestro de teléfonos celulares, computadoras de escritorio, notebooks, meMorias USB o pendrives, entre otros.
Por otro lado, la orden judicial, ordenaba el secuestro de los vehículos dentro de la vivienda de Federico Miguel Vázquez Villasanti.
Individualizan los vehículos automotores: una camioneta SUV - Mercedes-Benz Brabus (Cuadrada), negro y gris, sin chapa, posiblemente blindada; una camioneta SUV - Lexus Color; un automóvil Deportivo - Mercedes-Benz SLS AMG Brabus; un vehículo BMW M2; un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT; a más de un Audi RS e-tron GT.
Igualmente, disponía el secuestro de la camioneta SUV Híbrida - Toyota RAV4, otra camioneta SUV - Toyota TRD Pro (GR).
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Igualmente, ordenaba la autorización para la obtención de copias de archivos que se encuentran almacenados en la nube documentada con herramientas, fecha, responsable e identificadores de integridad.
También autorizaba la obtención de copias de archivos almacenados en la nube documentada con herramientas, fecha, responsable e identificadores de integridad. Entre ellos estaban la verificación de la presencia de plataformas de criptominería, con todas su historias, identificación, verificación de llaves de acceso, de correos, entre otros.
Finalmente, disponía la incautación de circuitos cerrados de seguridad, dispositivo DVR, entre otros.
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