Los 7 puntos del libelo acusatorio para analizar la expulsión de Zenaida Delgado

De acuerdo con el libelo acusatorio elaborado por la senadora Yolanda Paredes contra la ex Cruzada Nacional Zenaida Delgado las pruebas demuestran que hubo utilización de la investidura parlamentaria para obtener ventajas económicas particulares.

En ese sentido invoca el artículo 201 de pérdida de investidura de la Constitución Nacional y en su primer artículo resuelve declarar fehacientemente comprobado el uso indebido de influencias cometido por la legisladora, en tanto que en el segundo artículo dispone la expulsión.

Asimismo recoge una serie de antecedentes como la denuncia de peaje salarial realizada ya en setiembre de 2025 en Mesa Directiva, pero entonces no se realizaron denuncias. A esto se suma el incendio de un vehículo del Congreso en San Pedro que evidenciaba que utilizaba vehículos estatales para viajar con su pareja.

Así también figura la adjudicación irregular de departamentos del MUVH a su hermano Venancio Delgado y sobrino Alejandro Guzmán Delgado. Estos son los hechos jurídicamente relevantes:

Se basa en la investigación de Radio Monumental y publicaciones de ÚH sobre la presunta existencia de un mecanismo de recaudación de dinero a entre 15 y 20 funcionarios contratados y asignados a cargos con bonificaciones.

Menciona que los pagos exigidos desde el 2023 oscilan entre G. 1.350.000 y G. 2.500.000 mensuales.

El hecho podría ser analizado como un posible aprovechamiento de su función como legisladora y superior inmediato para obtener beneficios patrimoniales indebidos.

Se basa en testimonios que refieren la creación de cargos, por ejemplo de “director de asuntos entrados”, que contemplaba una remuneración de G. 12.300.000, incluidos G. 2.800.000 en concepto de bonificación que debía ser entregada a la senadora.

El documento menciona que es uno de los aspectos más graves, teniendo en cuenta que una vez contratadas, las funcionarias afectadas afirmaron que debían entregar entre G. 20 millones y G. 100 millones, en tanto que una de las funcionarias dijo que el dinero exigido ascendía a G. 150 millones.

En ese sentido, el libelo menciona que el hecho podría tratarse de uso indebido de influencias, teniendo en cuenta que los pagos se habrían exigido como condición para acceder a mejoras laborales dentro del Poder Legislativo.

Se basa en la denuncia de que ante la imposibilidad de pagar los montos de dinero, se habrían solicitado créditos. Uno de los testimonios menciona un préstamo de G. 30 millones del BNF y otra operación de la caja parlamentaria.

La funcionaria sostuvo que la senadora incluso firmó como codeudora y que tras obtener los recursos, completó la suma de G. 50 millones a cambio de su nombramiento. La entrega final habría consistido en efectivo que fue entregado en un sobre en el vehículo de Zenaida.

Otra afectada dijo que accedió a un crédito de G. 15 millones de la caja parlamentaria y que el dinero fue depositado en la cuenta de una tercer persona. No llegó a cubrir la totalidad exigida.

Las denunciantes exhibieron conversaciones y mensajes que atribuyen a la senadora con solicitudes de transferencias y pedidos de dinero. También comentaron que la presión se ejercía a través de terceras personas en medio del miedo que tenía las trabajadoras de perder su empleo.

En este aspecto, se tiene en cuenta las amenazas de desvinculación en caso de no abonar los montos exigidos.

Una de las afectadas mencionó que tras perder su trabajo, se vio obligada a seguir pagando el préstamo contraído para cumplir con las exigencias. Otra afirmó que solo había podido pagar G. 15 millones de los G. 50 millones exigidos, en tanto que el pedido luego ascendió a G. 100 millones.

Destaca la presunta dinámica de reemplazo de funcionarios desvinculados por nuevos contratados, de manera a reiniciar el ciclo de cobros, según las afectadas.

Los testimonios mencionan la participación de personas del entorno de la senadora en el ingreso de funcionarios, la transmisión de pedidos económicos y la gestión de comunicaciones relacionada con los pagos. El libelo expone a Fátima Agüero cono una de las personas señaladas, ya que habría realizado una intimación extrajudicial en caso de que la afectara divulgada información. La misma persona ya había sido procesada por un caso similar en el IPS.

A esto se suman las conversaciones, grabaciones, comprobantes de transferencias y documentos relacionados a créditos, que aportan a la verificación de elementos objetivos.