Paraguay requiere consenso nacional para proteger a depositantes y fortalecer la estabilidad económica

Necesidad de un compromiso nacional

Para asistir a las personas afectadas y prevenir que las consecuencias de un banco fallido se extiendan a toda la economía, Paraguay requiere establecer un consenso sobre el procedimiento a seguir. La incertidumbre de los depositantes, los interrogantes acerca de la supervisión bancaria y la erosión de la confianza en las autoridades demandan una respuesta que vaya más allá del Gobierno.

Aunque los cambios de autoridades resultaron necesarios, estos resultan insuficientes. La confianza se recuperará cuando la ciudadanía acceda a información clara, observe decisiones coherentes y tenga garantías de que las normas se aplican equitativamente. El Gobierno es responsable de conducir esa respuesta y debe aceptar el escrutinio de la sociedad.

Perspectivas favorables para la recuperación

Existen razones para mirar hacia adelante con esperanza. Paraguay llega a esta situación con una economía que crece a buen ritmo y mantiene baja inflación. Ese dinamismo proporciona una base para superar la crisis: si se preserva, puede sostener el empleo, facilitar la recuperación de las empresas afectadas y generar recursos tributarios para atender las necesidades de la población. Aprovechar ese impulso requiere actuar con celeridad para que la incertidumbre no frene la inversión y el crédito.

Lecciones de la experiencia histórica

Paraguay cuenta con una experiencia histórica relevante. La crisis financiera de los años noventa fue profunda y dolorosa, afectando la mitad del sector bancario. En ese contexto, el marco legal obsoleto no proporcionaba al Banco Central del Paraguay las herramientas necesarias para actuar. No existía una red de protección para los depositantes ni experiencia en intervención y quiebra de bancos. En esa circunstancia, las dos principales fuerzas políticas llegaron a un entendimiento sobre el rumbo de las políticas, lo que generó la estabilidad y el respaldo a las medidas que ayudaron a contener la crisis.

Sin embargo, esa experiencia dejó una advertencia importante. Contener la emergencia no impidió consecuencias negativas sobre el crecimiento. Las sucesivas crisis redujeron el sistema financiero y debilitaron el crédito. Esa contracción, sumada a la inestabilidad política, contribuyó a años de bajo crecimiento y desequilibrios económicos. Aunque se mantuvo la estabilidad, Paraguay ingresó en un período de estancamiento que se prolongó casi una década.

Efectos en cascada de la incertidumbre

La lección para el presente es actuar antes de que la incertidumbre genere daños mayores. Una empresa que no puede acceder a sus fondos puede dejar de pagar a sus proveedores. Un proveedor que no cobra puede reducir su actividad y los empleos. Si otras entidades financieras restringen el crédito por precaución, el problema termina afectando también a empresas y familias que nunca tuvieron relación con el banco afectado.

Medidas prioritarias

El compromiso nacional debe comenzar por atender a los depositantes. La solución para los pequeños ahorristas es un paso necesario, pero la tranquilidad llegará cuando los fondos estén disponibles. Quienes esperan aún necesitan información comprensible, plazos realistas y canales que respondan a sus consultas.

Las fuerzas políticas deben comprometerse a respetar la independencia del Banco Central del Paraguay. La supervisión debe actuar con criterios técnicos, contar con acceso a la información necesaria y aplicar las mismas exigencias a todas las entidades, independientemente de sus vinculaciones. Este compromiso obliga tanto al Gobierno como a quienes aspiran a ocupar cargos directivos.

Investigación y fortalecimiento institucional

La investigación de lo ocurrido debe ser parte del consenso nacional. Los controles sobre los bancos existen precisamente para detectar problemas antes de que pongan en peligro los ahorros de la población. Es necesario determinar qué advertencias existieron, cómo se respondieron y si hubo demoras u omisiones. La investigación debe examinar tanto la actuación de la entidad financiera como la de quienes debían vigilarla. Este compromiso debe incluir el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control.