Proyecto de divorcio exprés avanza hacia consenso legislativo para reducir costos

Avance en el análisis legislativo

El proyecto de divorcio exprés fue sometido a estudio profundo durante una audiencia pública, impulsada por la senadora Lilian Samaniego, quien encabeza esta iniciativa legislativa. Durante la sesión se presentaron perspectivas especializadas de profesionales del derecho, jueces y ciudadanos afectados por los procesos vigentes de divorcio.

El consenso expresado apunta hacia un objetivo común: simplificar y abaratar los trámites para la separación conyugal, especialmente para sectores con menores recursos económicos.

Condiciones y alcance de la propuesta

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley Nº 45/91, "Que establece el divorcio vincular del matrimonio", y cuenta con el apoyo de nueve senadores de diferentes bancadas del oficialismo, la disidencia colorada y la oposición.

La senadora Samaniego explicó que los principales cambios incluyen limitar el costo del divorcio y reducir el plazo de publicación de la sentencia a menos de un mes, en lugar de los sesenta días actuales.

"Las condiciones son: que sea de mutuo acuerdo, que no haya niños en conflicto y que no haya bienes gananciales. Esas son las condiciones. Si no se cumple con estas condiciones, no se aplica esta ley", señaló la legisladora.

Samaniego enfatizó que el propósito central es permitir que paraguayos y paraguayas que han resuelto de común acuerdo desvincular su matrimonio puedan hacerlo, beneficiando el bienestar de sus familias e hijos, y ejerciendo sus derechos civiles consagrados en la Constitución Nacional.

Clarificaciones sobre el alcance del proyecto

La proyectista rechazó interpretaciones que presentan el debate como un enfrentamiento con instituciones religiosas. Enfatizó que la materia corresponde al derecho civil y no a cuestiones sacramentales, diferenciación contemplada en la Constitución Nacional al hablar de derechos y libertades de las personas.

Samaniego, quien se identificó como católica y defensora de la familia, indicó que ya ha socializado el proyecto con la jerarquía eclesial y que existen sectores de la Iglesia que han mostrado apertura al diálogo.

Asimismo, destacó que ha encontrado disposición al diálogo con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, reconociendo que la propuesta impacta finalmente al Poder Judicial.

Perspectivas desde el sector judicial

Durante la audiencia se enfatizó el factor económico como un obstáculo significativo. La diputada Johanna Ortega señaló la incongruencia de que disolver un matrimonio resulte significativamente más costoso que contraerlo.

La jueza Vivian López explicó que el arancel actual para divorcios no especificado en la ley de 1991 se rige por normativas anteriores que estipulan 70 jornales mínimos, equivalentes aproximadamente a 7 millones de guaraníes. La magistrada añadió que las modificaciones legislativas responden a cambios en la sociedad.

La abogada Eliana Amarilla se manifestó de acuerdo con la propuesta de limitar los costos del proceso.

Proyecciones de costos y datos estadísticos

Se discutió un estimado de 1.500.000 guaraníes aproximadamente como costo del trámite, excluyendo tasas y aranceles judiciales no contemplados en la normativa.

Los datos presentados reflejan una demanda significativa de estos servicios. Entre 2022 y 2023, se registraron más de 14 mil solicitudes de divorcio, de las cuales más de 7 mil fueron de mutuo acuerdo. En 2024, las solicitudes ascendieron a 15 mil, con aproximadamente 18 mil expedientes en trámite actualmente.

Estado del proyecto legislativo

La iniciativa había sido postergada sine die en el Senado con anterioridad, pero el desarrollo de esta audiencia pública representa un avance en su análisis y discusión parlamentaria.