Proyecto de Fondo de Jubilaciones para legisladores en manos del Poder Ejecutivo
La iniciativa obtuvo sanción automática en agosto y fue remitida al presidente Santiago Peña para su promulgación o veto
Trámite legislativo completado
El proyecto del Fondo de Jubilaciones para miembros del Poder Legislativo obtuvo sanción automática el 13 de agosto al no ser abordado en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 9 de setiembre fue remitido al Poder Ejecutivo, según consta en el Sistema de Información Legislativa Paraguay (Silpy).
De acuerdo con el artículo 205 de la Constitución Nacional, Santiago Peña cuenta con 20 días hábiles a partir de la recepción del proyecto para proceder a su promulgación u objeción. En caso de no pronunciarse en ese plazo, la promulgación automática ocurriría el 8 de octubre.
Características de la modificación
La modificación fue impulsada a principios de año por el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, como parte de una reforma más amplia del sistema de jubilaciones.
Los cambios principales incluyen:
Para jubilación extraordinaria: Se elevó de 55 a 60 años la edad mínima de acceso, manteniendo el requisito de 10 años de aportes. El monto mensual corresponderá al 60% del promedio de dietas y gastos de representación durante los últimos 120 meses de aporte efectivo.
Para jubilación ordinaria: Se mantienen sin cambios sustanciales los 60 años de edad y 15 años de aportes, con un haber equivalente al 80% del promedio de dietas y gastos de representación de los últimos 180 meses.
Aspectos presupuestarios
En el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 no figuran recursos previstos para transferencias a la Caja Parlamentaria. Durante los últimos tres años se contemplaron aproximadamente G. 10.000 millones para esta institución.
En 2026 se incluyeron más de G. 4.000 millones, mientras que en los tres años anteriores los desembolsos alcanzaron casi G. 10.000 millones, equivalentes a más de USD 1,6 millones al cambio actual.
Restricción de aportes estatales: Se incorporó el inciso f al artículo 6 del proyecto, que expresamente prohíbe "todo aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado en cualquiera de sus formas al patrimonio del Fondo".
No obstante, los gastos de personal y administración de la Comisión Administradora de los fondos continuarán siendo cubiertos por el Presupuesto General de la Nación, con una asignación de G. 174 millones mensuales en el año actual.
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