Quién era Monika Silva Koniuszek, la activista polaca hallada muerta en Ecuador (y por qué la fiscalía pide ayuda internacional para la investigación)

El gobierno de Ecuador solicitó este jueves la cooperación internacional para investigar la muerte de la activista polaca Monika Silva Koniuszek, quien fue hallada muerta el lunes en su casa de Montañita, provincia de Santa Elena, en el suroeste del país.

Un día después de su muerte, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo que -mientras se esperaban los resultados de la autopsia- la hipótesis inicial era de que se trataba de un suicidio: "Se encontraron en el lugar los indicios necesarios para llegar a esa determinación", indicó a medios locales.

Pero con el correr de los días la Unión Europea solicitó "una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias y garantizar la rendición de cuentas".

El gobierno de Polonia, a través de su embajada en Perú, que cubre también los temas diplomáticos en Ecuador, se sumó a este pedido de investigar lo ocurrido y destacó lo esencial de proteger a los líderes de la sociedad civil.

"Proporcionar condiciones seguras para el ejercicio de la actividad ciudadana, así como para el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades civiles, es obligación esencial de todo Estado de derecho", indicó la sede diplomática.

Silva era presidenta de la Fundación La Integridad, una organización enfocada en la promoción de la transparencia, el control social y participación ciudadana, y había denunciado casos de presunta corrupción, conflictos por la propiedad de tierras, irregularidades administrativas y asuntos ambientales en Santa Elena.

Asimismo había exigido justicia por la muerte de Robinson del Pezo, un periodista comunitario de la provincia que también investigaba denunciadas vinculadas a supuestas irregularidades en el manejo de terrenos.

El martes, decenas de personas participaron en un plantón con velas en la localidad de Manglaralto, para exigir justicia por la muerte de la activista.

En su perfil de la red social X se autodefinía como "activista anticorrupción, defensora de la Pachamama y de los grupos vulnerables". Y en la descripción de su perfil decía: "No hace falta nacer en Ecuador para amarlo y defender lo justo".

"Monika ha dedicado sus años a la lucha por la mejora de las condiciones de vida de los pobladores de la zona rural de Santa Elena, gravemente afectados por la pobreza, la desnutrición infantil, el desempleo y la falta de servicios básicos", describe en su página de internet la fundación La Integridad.

Para esta organización no gubernamental, la raíz de estos problemas "es la corrupción sistémica y la injusticia arraigada".

Como indica el portal de noticias ecuatoriano Primicias, "Montañita, el lugar donde vivía la activista, es una comuna muy turística de Santa Elena, en donde hay una importante presencia de extranjeros que están de paso o que han llegado para vivir".

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Por su parte, el diario La Hora publicó el testimonio del periodista Iván Flores, quien conoció a Silva en 2025:

"Al menos dedicó los últimos 12 años de su vida para hacer un ejercicio de veeduría ciudadana, de activismo ciudadano anticorrupción, porque la península de Santa Elena tiene muchos atractivos turísticos, una naturaleza preciosa y que eso puede ser un sustento de vida para las comunidades".

"Pero, había muchos intereses inmobiliarios que poco a poco fueron alterando la vida y cotidianidad de esas regiones", detalló Flores.

En las últimas horas, la Fiscalía ecuatoriana invitó a peritos extranjeros a participar de la investigación para que "aporten elementos técnicos especializados a las diligencias que se desarrollan dentro de la causa y contribuyan al esclarecimiento de los hechos".

"Nuestro compromiso es contribuir a que la verdad salga a la luz y que no quede ninguna duda sobre lo ocurrido", respondió el Ministerio del Interior.

La muerte de la activista polaca, aunque todavía no se ha determinado si es un suicidio o un asesinato, se conoció en un mes que comenzó complicado para el gobierno de Ecuador en términos de seguridad.

El 4 de junio, las autoridades de Guayaquil confirmaron que los cuerpos hallados dentro de sacos de yute en una zona rural en el litoral ecuatoriano, correspondían a ocho jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 31 de mayo.

Se trataba de un grupo de jóvenes -cuyas edades eran de entre 15 y 31 años- que habían salido ese día en cuatro motocicletas desde la llamada T de Daule con destino a Milagro, una ciudad situada a menos de una hora de camino.

Los cuerpos fueron encontrados apilados a un costado de una carretera en la provincia de Los Ríos.

Ese mismo 4 de junio, el jefe de la Fuerza Aérea de Ecuador, el general Mauricio Salazar, reconoció la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la desaparición y muerte de cuatro menores en 2024: los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Saúl, y Steven, conocidos como los 4 de Guayaquil.

Los cuatro cuerpos aparecieron carbonizados y con señales de tortura en un río cercano a la base aérea de Taura, a 35 kilómetros de la ciudad.

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, había adjudicado la desaparición de los menores a "grupos delincuenciales". Pero días después, cambió la versión y reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares que se movilizaban en dos vehículos.

El jefe de la Fuerza Aérea ofreció disculpas públicas y reconoció la responsabilidad estatal ante las familias de los cuatro menores.

Los hechos ocurren doce meses después de que el presidente Daniel Noboa iniciara su segundo mandato prometiendo recuperar el control de Ecuador combatiendo la inseguridad y declarando la guerra al crimen organizado.

Desde entonces su estrategia de seguridad ha consistido en continuos decretos de toque de queda o estados de excepción en varias provincias, restringiendo ciertos derechos de los ciudadanos para contener la violencia y la criminalidad.

Desde que asumió la presidencia por primera vez en 2023, Noboa ha decretado siete toques de queda, el último en mayo pasado en nueve provincias.

Estos incluyen restricciones a la libre movilidad y tránsito de personas, y la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio para permitir a la fuerza pública la realización de allanamientos.

Pero las cifras de muertos continúan aumentando drásticamente en Ecuador: 2025 cerró con 9.216 homicidios, según cifras del Ministerio del Interior, convirtiéndose en el año más violento en la historia del país y, comparado con 2024, con un incremento de homicidios del 30,48%.

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