Resolución del caso Kattya González mina confianza en las instituciones

Después de las elecciones generales de 2023, quedó configurado el escenario político con la cómoda mayoría para el Partido Colorado en ambas cámaras del Congreso Nacional.

Era importante que los colorados entendieran que una mayoría implica un gran poder, y una gran responsabilidad. Pedíamos también que la ANR fuera capaz de gobernar con todos y para todos, usando su mayoría para servir al pueblo, y no para imponerse en forma arbitraria.

Un año después, un 14 de febrero de 2024 se consumaron los peores temores, cuando el sector cartista de la Cámara de Senadores junto con sus satélites liberales y ex integrantes de Cruzada Nacional votaron la pérdida de investidura de la senadora Kattya González.

La expulsión exprés se dio con 23 votos a favor, 7 abstenciones y 15 ausentes, luego de más de cuatro horas de debate, y después de que el cartismo pasara por alto el reglamento aprobado por ellos mismos en diciembre del 2023, según el cual se precisaban 30 votos para la pérdida de investidura. Así, el oficialismo desnaturalizó la figura de la pérdida de investidura y debilitó aún más la frágil institucionalidad democrática.

Los ministros de la Corte César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, junto a los camaristas Miguel Ángel Rodas y Esteban Kriskovich, votaron por rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la ex legisladora. Recordemos que, a fines del año pasado, pese al sigilo, el país entero supo de un encuentro cuasisecreto en la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, que reunió a ministros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República Santiago Peña y –presuntamente– el titular del Partido Colorado y ex presidente de la República, Horacio Cartes. En aquella reunión estuvieron presentes los tres ministros que hace unos días rechazaron la acción de inconstitucionalidad promovida por Kattya González.

En cambio tres ministros: Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos y Gustavo Santander no estuvieron en Mburuvicha Róga y votaron por admitir la acción constitucional, y anular la resolución dictada por 23 senadores.

Este escenario era precisamente el peligro autoritario que se configuraba con una mayoría fanatizada, que utiliza sus votos para ajustar reglamentos y decidir arbitrariamente la pérdida de investidura de opositores; el gesto refleja además el desprecio por la Constitución y sus instrumentos.

En forma arbitraria, forzaron en el Senado una mayoría de 23 senadores para expulsar a una opositora, pero cuando se trata de proteger a uno de los suyos modifican el requisito de votos a su antojo. Esto fue arbitrario y señalaba un camino que desemboca directa e irremediablemente en un gobierno autoritario.

Tampoco importó que meses después de la expulsión de la parlamentaria fueron desmontadas una a una las causales de su pérdida de investidura. El personal policial sumariado era custodio de la senadora y no estaba participando de un acto político; respecto a la acusación sobre sus ex asesores, la Fiscalía General del Estado solicitó la desestimación de la denuncia en contra de ambos, argumentando que desempeñaron las tareas que les fueron asignadas y percibían un salario acorde con sus funciones, por lo que no se encontraron elementos sobre el hecho punible de cobro indebido de honorarios. En el libelo acusatorio incluso figuraba la denuncia presentada ante el Ministerio Público por un posible hecho punible de tráfico de influencias, luego de que se descubriera que la senadora cursó una maestría y un doctorado en tiempo récord. Sobre eso, la Universidad Columbia emitió un comunicado confirmando que la parlamentaria cursó una maestría y un doctorado con “100% de asistencia y altas calificaciones”, así como con la presentación de las tesis correspondientes.

Estamos ante el gran desafío de reconstruir la confianza en las instituciones; es imprescindible que la ciudadanía encuentre integridad, honestidad, decencia y compromiso en sus autoridades y su clase política. Ya no podemos aceptar la vigencia impune de la frase: “Para mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley”.