La industria del miedo en Paraguay. ¿Quiénes lucran con el miedo al delito?

¿Esta disociación es un simple antojo ciudadano o producto de la exageración de los medios de comunicación? Mi respuesta se inclina a que el miedo y la sensación de inseguridad, además de una reacción frente al delito, son recursos que se gestionan, circulan y generan millonarios beneficios; es decir, existen sectores que lucran con el temor.

En primer lugar, se encuentran los actores económicos, esos que Alberto Binder denomina la industria del miedo. Empresas de seguridad privada, vendedores de armas, compañías de seguros y proveedores de dispositivos de vigilancia que operan en un mercado donde el temor es la materia prima. El dato empírico es contundente y permite dimensionar su magnitud. Según el último Atlas de la violencia e inseguridad, el 92,4% de la población adoptó alguna medida de seguridad con el objetivo de evitar ser víctima de delito.

Las personas invierten en protección en proporción a sus posibilidades, pero la mayoría destinó entre G. 1.500.000 y G. 3.500.000. En conjunto, estas prácticas de autoprotección generaron ingresos anuales cercanos a los USD 1.300 millones para estas industrias. Sin embargo, no se trata únicamente de un fenómeno económico.

Existe un segundo actor que se beneficia y es el poder político. El miedo es también un recurso de gobierno. Como mostró el antropólogo Michael Taussig, estamos ante una cultura del terror que produce un clima que legitima determinadas formas de control social.

En Paraguay, la inseguridad es frecuentemente presentada como una amenaza constante, difusa y creciente, aun cuando los indicadores objetivos no respaldan esa narrativa. Esta construcción discursiva habilita y justifica políticas de endurecimiento penal, militarización y la aceptación de medidas excepcionales. Con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, en 2013, se destinan unos USD 10 millones anuales en su mantenimiento; USD 66 millones en los últimos cinco años.

En este punto, resulta necesario formular una hipótesis incómoda, y es que tal vez no exista un interés real en reducir la inseguridad subjetiva, porque su persistencia genera réditos tanto económicos como políticos. Una ciudadanía menos temerosa sería también más exigente y crítica, mientras que una ciudadanía atravesada por el miedo tiende a aceptar mayores niveles de control y vigilancia, al tiempo que incrementa su consumo de bienes y servicios de seguridad.

Desde la criminología, este escenario obliga a reformular las preguntas tradicionales e indagar en los procesos de producción social del miedo. ¿Quién construye la narrativa de la inseguridad? ¿Cómo se difunde y amplifica? ¿Qué intereses económicos y políticos se sostienen a partir de ella?

El desafío urgente es construir un sistema de información pública rigurosa, accesible y sistemática que permita contrastar las percepciones sociales con los datos empíricos, y desarrollar políticas específicas de gestión de la inseguridad subjetiva, que permitan intervenir sobre la ansiedad social sin recurrir exclusivamente a respuestas punitivas ni extraordinarias. A ello se suma una responsabilidad ética ineludible por parte de los medios de comunicación, las autoridades y los propios expertos de no seguir reproduciendo una narrativa catastrofista sin considerar sus efectos económicos, políticos y sociales. Tengamos en cuenta que el miedo, además de emoción, es un negocio y una estrategia de poder que genera ganancias y mantiene dócil a la población.