La urgencia de transparencia fiscal en el Paraguay

La Ley de Responsabilidad Fiscal fue diseñada como un ancla para mantener previsible el déficit fiscal, salvo en situaciones excepcionales como la pandemia. No obstante, el manejo reciente al postergar y no incorporar oportunamente los compromisos financieros con los proveedores el sector público construyó una ilusión de sostenibilidad fiscal.

La consecuencia de esta opacidad será la asimetría en la distribución de los costos del desajuste. Mientras el debate técnico se concentra en porcentajes macroeconómicos y propuestas financieras, el futuro se visibiliza con una fuerte crisis fiscal que afectará todavía más a los servicios públicos ya deteriorados como la educación, la salud, la provisión de energía eléctrica o el transporte público.

El sector empresarial afectado por los retrasos estatales ante la morosidad del sector público termina indexando elevados costos financieros, intereses punitorios y, en muchos casos, sobrefacturaciones para blindarse contra la incertidumbre del cobro.

Cuando el Estado paga tarde, paga más caro. Ese diferencial pasa a formar parte de una deuda pública que terminará con nuevas emisiones de bonos soberanos o préstamos multilaterales.

El dinero público que se desvía para saldar los costos financieros y las sobrefacturaciones de los proveedores es capital que se resta de las inversiones necesarias que afectan la vida cotidiana.

Las consecuencias para la población son inmediatas y se sufren cotidianamente: Hospitales públicos desabastecidos de insumos esenciales, donde los pacientes deben comprar sus propias jeringas y medicamentos, escuelas en condiciones de infraestructura deplorables que comprometen el futuro de la infancia, obras públicas paralizadas o deficientes que frenan el desarrollo local y el empleo.

La ciudadanía no solo sufre la falta de servicios de calidad, sino también carga con la obligación tributaria presente y futura para amortizar una deuda inflada por la mala gestión.

Esta exclusión de las obligaciones reales distorsiona el presupuesto público y pospone un debate que tarde o temprano debe darse: El de la verdadera capacidad de recaudación y gasto del Estado paraguayo.

La estabilidad macroeconómica de nuestro país ha sido, históricamente, uno de los pilares del discurso oficial y también de la narrativa regional. Sin embargo, los recientes acontecimientos que obligan al Gobierno a preparar una nueva estimación para evaluar la elevación del tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal muestran una grieta en la administración pública. La omisión sistemática de las deudas con las empresas constructoras y el sector farmacéutico en las proyecciones del déficit fiscal no constituye un error técnico de cálculo, representan una falla estructural en la transparencia gubernamental.

Mientras los ciudadanos enfrentan la precariedad y las empresas transfieren sus costos financieros al Estado, los funcionarios públicos de alto rango y los técnicos responsables de estas proyecciones fallidas experimentan una realidad paralela.

Los funcionarios estatales que generaron el problema siguen cobrando sus salarios, bonificaciones y beneficios de manera puntual. Debido a la falta de carrera del servicio civil, la negligencia en la gestión de las finanzas públicas no tiene consecuencias punitivas o patrimoniales.

La transparencia y rendición de cuentas debe convertirse en un ejercicio de comunicación claro y accesible para la ciudadanía. La sociedad civil tiene el derecho de saber por qué falló y quiénes fueron los técnicos y autoridades políticas que validaron documentos que no reflejaban la realidad de los compromisos estatales.

La propuesta de revisión del tope fiscal en Paraguay es el síntoma de una enfermedad más profunda: La cultura de la opacidad y la irresponsabilidad en la administración de los recursos del Estado.