Megaproyecto de IA choca con la realidad del capital humano local

Lo que desde el Gobierno se promociona como un “acuerdo sin precedentes” para situar a Paraguay en el mapa tecnológico mundial, desde el sector científico es visto con cierto escepticismo. El reciente anuncio del presidente de la República Santiago Peña de construir un centro de inteligencia artificial (IA) al 50/50 con Taiwán fue calificado de “delirio” por la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial (Sopaia). Luis Benítez Aguilar, secretario dicha organización, advierte sobre una alarmante escasez de capital humano.

Según dijo Benítez, en Paraguay “no hay más de 10 ingenieros” capacitados en este nivel de tecnología, y apenas cinco dedicados a la investigación. Para el profesional, la promesa presidencial de combinar “tecnología taiwanesa con energía paraguaya” se enfrenta así a la imposibilidad práctica de ser gestionada por talento local.

El especialista advirtió, además, que el riesgo de este tipo de proyectos es que Paraguay termine funcionando únicamente como un “enchufe de energía barata” dentro de una disputa geopolítica global, mientras que el personal que realmente opera y mantiene los sistemas reside en el extranjero (California o Taiwán).

Benítez advirtió que el comunicado oficial que realizó el jefe de Estado no aclara el destino de los servicios.

“La pregunta ahí es: ¿Van a ser utilizados por las escuelas, por las pymes, por el Gobierno? Porque al final, estos centros, una vez construidos, tampoco necesitan mucha gente para mantener el funcionamiento. Lo peligroso es que quien trabaja en esos centros está en California, en Taiwán o en otro lado del mundo”, indicó.

Por su parte, el titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, adoptó una postura cautelosa. La autoridad reconoció que, efectivamente, el país cuenta hoy con un número limitado de profesionales capacitados y que quizás no se dispone de todos los especialistas que un proyecto de esta magnitud podría llegar a demandar de forma inmediata. No obstante, desde el Conacyt se enfatiza que este déficit es una brecha que puede cerrarse progresivamente. Señaló que la capacidad técnica se puede ir formando, citando como ejemplo lo que ya está sucediendo en el ámbito académico local, específicamente a través del Doctorado en Ciencias de la Computación de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FPUNA), donde ya se trabaja en la formación de investigadores en áreas de alta tecnología.

15 años de energía garantizada plantean los decretos para las industrias convergentes de IA.

ANDE firmó acuerdos con varias firmas interesadas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reconoció la firma de Memorandos de Entendimiento (MOU) con empresas internacionales, buscando posicionar a Paraguay como un centro neurálgico para la inteligencia artificial y el procesamiento de datos masivos. Entre los acuerdos se encuentran los suscritos con firmas como Levip SA (subsidiaria de la estadounidense X8 Cloud) y la brasileña Boost Engenharia. Estos convenios no constituyen contratos de suministro definitivos, sino que establecen un marco para realizar estudios de factibilidad técnica y económica, evaluando la capacidad de la red eléctrica para soportar la carga de centros de datos que podrían demandar inicialmente hasta 50 MW. La tarifa para estos proyectos está regulada bajo condiciones de Consumo Intensivo, lo que exige una inversión mínima en infraestructura.

Para dar sustento legal y comercial a estos acuerdos, y como una política agresiva de atracción de inversiones, el Gobierno promulgó cuestionados decretos específicos que definen tarifas eléctricas especiales para industrias de computación en la nube y centros de datos de IA por periodos de hasta 15 años. Esta estrategia busca transformar el excedente de energía de las hidroeléctricas en un activo de valor agregado, atrayendo inversiones estimadas en cientos de millones de dólares. Sin embargo, estos memorandos también generan debate social respecto a la prioridad de las tarifas. Se cuestiona un eventual adelantamiento del déficit energético, así como el riesgo que supone para las finanzas de la empresa estatal la venta masiva de energía a precio subsidiado. Por su parte, desde la ANDE afirman que la estatal solo comprometerá energía disponible y que no tomará decisiones que afecten sus finanzas.