Retomar el rumbo

La protección de los ahorristas debe ir acompañada de una investigación rigurosa. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió dentro del banco, cuándo se detectaron los problemas y cómo actuaron los organismos de supervisión. Corresponde aplicar la ley sin privilegios, determinar las responsabilidades, imponer las sanciones que correspondan y procurar la reparación de los daños comprobados. La confianza empezará a recuperarse cuando haya respuestas claras y decisiones que la ciudadanía pueda evaluar.

La urgencia de atender a los afectados no puede hacernos perder de vista los problemas que ya arrastraba la economía. Retomar el rumbo exige ordenar las cuentas públicas, fortalecer la supervisión financiera y recuperar la capacidad de invertir en el futuro.

La primera prioridad es preservar la estabilidad macroeconómica y financiera, un logro de más de dos décadas. El Ministerio de Economía y Finanzas estima un déficit fiscal del 3,2% del PIB al cierre de 2026. El proyecto de Presupuesto para 2027 contempla un déficit de hasta el 3,9%, en parte para atender obligaciones acumuladas del Estado. El Gobierno se propone volver en 2028 al límite ordinario del 1,5% del PIB establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Una reducción de esa magnitud en un solo año exige explicar desde ahora qué gastos extraordinarios terminarán, qué medidas adicionales se adoptarán y cómo se protegerán las inversiones y los servicios esenciales. Al BCP le toca explicar cómo funcionó la supervisión en este caso, corregir las deficiencias que se identifiquen y aplicar las mismas reglas a todas las entidades.

La segunda prioridad es sostener un crecimiento cercano al 5% anual y aprovecharlo para generar más empleo formal y mejores ingresos. Para ello, necesitamos agregar valor a lo que producimos, ampliar la base industrial y desarrollar servicios que puedan competir dentro y fuera del país. Una economía más diversificada estará mejor preparada para resistir una sequía o una caída de los precios internacionales. El crecimiento se traducirá en desarrollo en la medida en que amplíe las oportunidades de trabajo y mejore las condiciones de vida.

Esa transformación requiere inversión pública y privada, nacional y extranjera, tanto en infraestructura como en educación, salud y formación laboral. También exige revisar cómo se gasta. En un estudio publicado en 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que las ineficiencias en las compras públicas, las remuneraciones estatales y la focalización de las transferencias equivalían en Paraguay al 3,9% del PIB. La primera obligación es gastar mejor y rendir cuentas sobre los resultados. Sobre esa base, corresponde revisar el sistema tributario para aumentar la recaudación con criterios de equidad y financiar las prioridades del país.

El desarrollo también depende de cómo cuidamos el patrimonio natural. Cumplir las normas ambientales, frenar la deforestación y proteger los bosques, los suelos y las fuentes de agua son tareas económicas de primer orden. Las fincas campesinas, que abastecen a los mercados urbanos con alimentos básicos, necesitan asistencia técnica y acceso a mercados para elevar su productividad y sostener el empleo rural. Conservar los recursos de los que depende esa producción es una forma concreta de proteger los ingresos de miles de familias.

En el plano internacional, Paraguay debe ampliar su oferta exportadora y atraer inversión extranjera que genere empleo y fortalezca la producción local. La caída de la cotización de los bonos internacionales de ueno bank, emitidos por USD 350 millones, muestra la magnitud del golpe para sus acreedores. El efecto sobre el costo de futuras emisiones soberanas es un riesgo cuya magnitud todavía es incierta. La mejor respuesta del país es mostrar que sus instituciones actúan con transparencia, que sus reglas se aplican por igual y que existe un plan fiscal creíble.

Al Estado le corresponde proteger a los afectados y rendir cuentas. Al sector privado le toca invertir y competir bajo reglas claras. Y la sociedad civil tiene el derecho de exigir explicaciones, denunciar abusos y cuestionar el uso partidario de los recursos públicos. Retomar el rumbo empieza por responder a quienes hoy esperan recuperar sus ahorros. Continúa con decisiones que cierren espacio al clientelismo y a la impunidad y que devuelvan a la ciudadanía razones para confiar en sus instituciones.